¿Sabe la izquierda progresista más que los propios nicaragüenses?

La postura de la izquierda progresista internacional sobre Nicaragua debe guiarse por la opinión del pueblo nicaragüense

Publicado en Tortilla con Sal
Original de John Perry en LA Progressive

A medida que se acercan las elecciones en Nicaragua, ha habido una oleada de críticas de la izquierda internacional al gobierno de Daniel Ortega que, para alguien que vive en el país, parece extrañamente fuera de sincronización con lo que la mayoría de los nicaragüenses ven como sus prioridades más importantes.

Una serie de encuestas de opinión publica confirman lo que mis conversaciones cotidianas me dicen: que el apoyo a los programas del gobierno sigue siendo fuerte, que casi nadie quiere que vuelvan los tranques y la violencia desplegada por los opositores al gobierno en 2018, y que la recuperación económica después de los daños causados entonces y por la pandemia y los huracanes en 2020 son prioridades mucho mayores que cualquier preocupación por las recientes acciones del gobierno contra sus opositores.

Las razones de todo esto no son difíciles de encontrar: en todas partes el gobierno está construyendo hospitales, casas dignas, carreteras y escuelas, y la tan preciada seguridad del país ha regresado. La economía nicaragüense fue entre las menos afectadas de América Latina por la pandemia y Covid-19 ha sido bien manejada por el sistema de salud comunitario del país.

No es de extrañar que los críticos de la derecha de Nicaragua ignoren estos logros, pero ¿por qué los ignora la izquierda internacional? En lugar de aclamar a un país que está saliendo de la pobreza, aparentemente es mucho más importante juzgarlo según los estándares occidentales hipócritas sobre «democracia» y «derechos humanos», mientras se ignora la necesidad del gobierno de defender los logros del país contra los ataques de Washington y otros lugares.

Así, por ejemplo, Noam Chomsky y otros 500 intelectuales firmaron una carta abierta acusando al gobierno nicaragüense de «crímenes contra la humanidad» y otra carta, casi idéntica, vino de «activistas progresistas» europeos. El ex presidente de Uruguay, José Mujica, se unió a otros 140 intelectuales latinoamericanos para firmar una tercera carta que acusa al gobierno de Ortega de llevar a Nicaragua «al borde del colapso».

Además de estas cartas, Jordana Timerman, editora de Latin America Daily Briefing, utilizó el New York Times (en español) para acusar a la izquierda de hacer la vista gorda ante el gobierno «autoritario» de Nicaragua, pidiendo «una mejor defensa de los ideales de la izquierda». William Robinson, que escribió posiblemente el mejor libro sobre la injerencia de Estados Unidos en las elecciones de 1990 en Nicaragua, aboga en un artículo para NACLA por «una posición de principios de la izquierda» frente al «neoliberalismo, la represión y el autoritarismo del régimen de Ortega-Murillo.» Incluso Lula da Silva en Brasil ha recomendado a Daniel Ortega «no abandonar la democracia».

Por supuesto que hay críticas válidas al gobierno de Nicaragua, como a cualquier gobierno, pero ¿qué explica los extremos absurdos expresados en estas cartas y artículos?

  • Una de las razones es el implacable consenso de los medios de comunicación internacionales sobre Nicaragua, incluidos los medios «progresistas» como The Guardian y el New York Times, que mantienen a pesar de que se les ha informado de los graves errores de su información.
  • Otra es la campaña paralela en materia de «derechos humanos» liderada por organismos como la Organización de Estados Americanos, a pesar de que su parcialidad y su papel antidemocrático han quedado al descubierto en muchas ocasiones, especialmente en el golpe de Estado en Bolivia en 2019.
  • Una tercera razón es seguramente la pandemia, que además de provocar una nueva ronda de falsas críticas a Nicaragua ha impedido que la gente viaje aquí para ver las condiciones por sí misma. A falta de contacto directo, son las opiniones de las clases más acomodadas de Nicaragua, anglófonas y a menudo partidarias de la oposición, las que se filtran.
  • Por último, como sé por experiencia propia, los críticos del gobierno de Ortega se niegan con frecuencia a dialogar con cualquiera que cuestione su postura, un fracaso lamentable para cualquier persona que pretenda ser progresista.

Las acusaciones que se hacen son muy variadas: tratemos de centrarnos en algunas de ellas. En primer lugar, estos artículos y cartas se producen a raíz de las recientes detenciones en el marco de las próximas elecciones en Nicaragua. Las «víctimas» son caracterizadas como potenciales candidatos a las elecciones, ex-guerrilleros sandinistas o periodistas independientes (o quizás las tres cosas), mientras que se presta escasa atención a las razones de las detenciones. Por poner un ejemplo destacado citado en la carta de Mujica, el de Cristiana Chamorro, nadie se ha preguntado de dónde procede su dinero ni qué hace con él. Su fundación «sin lucro» existía para dirigir el dinero de Estados Unidos y otros gobiernos a los llamados medios de comunicación «independientes», varios de ellos propiedad de su propia familia. Cuando cerró la fundación en febrero, se alega que el saldo de 7 millones de dólares en sus libros fue transferido a cuentas privadas.

Otros ejemplos de los arrestados incluyen a «los legendarios comandantes guerrilleros Dora María Téllez y Hugo Torres» (para citar a Robinson), sin examinar cómo su política ha cambiado notablemente hacia la derecha, el papel desempeñado por Téllez, en particular, en los acontecimientos violentos de 2018, y si ella u otros estaban planeando más violencia, como afirman destacados sandinistas.

El segundo punto es que, si bien estas críticas de izquierda al gobierno de Ortega denuncian la intervención de Estados Unidos en el pasado, se niegan a reconocer lo importante que sigue siendo. Robinson – que expuso con detalle cómo Estados Unidos manipuló las elecciones de 1984 y 1990 en Nicaragua – es claramente consciente de que la injerencia continúa, pero no cree que sea decisiva. Timerman, sin embargo, apenas toca la reciente acción de Estados Unidos contra Nicaragua, refiriéndose sólo a las sanciones que, hasta ahora, han tenido un impacto limitado. La carta abierta hace una referencia simbólica a los «crímenes» de Estados Unidos, pero dice que la violencia de 2018 «no podría ser» el resultado de la intervención estadounidense. ¿Cómo pueden estar tan seguros?

Esta marginación de la hostilidad de EE.UU. hacia las fuerzas progresistas en Nicaragua es extraordinaria dada su importancia en la historia del país y la evidencia de que se ha intensificado en los últimos cuatro años. El violento intento de derrocar al gobierno en 2018 siguió un libro de jugadas de Estados Unidos, para el que fueron entrenados al menos 8.000 jóvenes nicaragüenses. Edward Hunt mostró en su momento que la National Endowment for Democracy se jactaba de sus esfuerzos por crear tantos discípulos del cambio de régimen, y Yorlis Luna ha descrito con detalle el proceso de adoctrinamiento. Además de su financiación masiva de grupos antisandinistas, en agosto de 2020 Estados Unidos contrató al Grupo Navanti para llevar a cabo un programa de «transición de régimen» de 2 millones de dólares y 18 meses de duración, llamado ‘RAIN’ (Responsive assistance in Nicaragua), con el objetivo de asegurar la derrota de Ortega en las próximas elecciones.

El tercer punto es que la carta de Mujica, en particular, se centra en la supuesta violencia gubernamental y en los abusos de los derechos humanos sin tener en cuenta las pruebas ni su procedencia. Nicaragua cuenta con una industria de «derechos humanos» financiada por el extranjero que sólo investiga las acusaciones contra el gobierno. Esto no es sorprendente, ya que un organismo (la ANPDH) fue creado específicamente por la administración Reagan para este fin, el organismo más antiguo (CPDH) ignoró las atrocidades cometidas por los Contras en la década de 1980 y el tercero, la pequeña organización CENIDH, ha sido bendecido con alrededor de 23 millones de dólares de financiación del gobierno extranjero. Las críticas a estos organismos han venido a menudo de su propio personal, incluyendo acusaciones de que atribuyen falsamente los incidentes violentos a las fuerzas gubernamentales. Pero, por supuesto, estos grupos suministran el material para los informes de organismos internacionales como la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y otros, que luego llevan a cabo sus propias investigaciones, plagadas de errores, utilizando costosas consultorías externas para confirmar las acusaciones hechas por estos grupos locales.

La cuarta y más negligente característica de estas críticas es que atribuyen toda o la mayor parte de la violencia de 2018 a las fuerzas gubernamentales o a sus partidarios. Que algunos manifestantes fueron asesinados es innegable, pero igualmente innegable es que la violencia más salvaje fue orquestada por la oposición. Para aquellos (como yo) que vivieron ese período violento, esta sugerencia de que sus protestas se llevaron a cabo «pacíficamente» o (como dice la carta de Mujica) «de manera cívica» es extraordinaria. Sin embargo, también es parcialmente comprensible, ya que los organismos locales de «derechos humanos» y los medios de comunicación «independientes» de Nicaragua fueron capaces de crear una imagen enormemente distorsionada de los acontecimientos, que luego se reflejó en las publicaciones de la OEA, la CIDH y otros.

Aunque estas distorsiones han servido para influir en la cobertura mediática internacional, también han engañado a los miembros de la izquierda progresista, que deberían saber que no deben tomarse estos informes al pie de la letra. Se han ignorado abundantes pruebas de las formas en que se encubrió la violencia de la oposición. Para dar sólo algunos ejemplos: el informe Rechazando la verdad (en español) muestra en detalle las fallas en las investigaciones de Amnistía Internacional en 2018; una serie de personas ordinarias describen el terror de los tranques en >Nicaragua 2018: Liberando la verdad; las investigaciones filmadas de Dick y Miriam Emanuelsson muestran el trauma duradero que dejó la violencia de la oposición en Morrito y otros lugares.

El último aspecto de lo que Timerman llama la «escalada represiva» es la acusación de que Nicaragua tiene cientos de presos políticos. Además de ignorar la violencia de 2018 y sus consecuencias, esto también ignora el hecho de que en junio de 2019 hubo una amnistía condicional que liberó a alrededor de 400 personas, incluyendo incluso a quienes habían cometido asesinatos; la condición era que debían abstenerse completamente de participar en más violencia. El acuerdo fue similar a otros de este tipo: por ejemplo, cuando se llegó a un acuerdo para poner fin a la violencia en Irlanda del Norte en 1998, el gobierno del Reino Unido liberó a los presos culpables de la violencia con la estricta condición de que no tuvieran ninguna otra conexión con los partidos que la patrocinaron. Los nicaragüenses que han sido encarcelados desde la amnistía han incumplido estas condiciones o han cometido otros actos delictivos, incluyendo nuevos asesinatos y la muerte de dos policías (en diciembre de 2019, en la zona donde vivo). Varios arrestos recientes han sido por violaciones de las nuevas leyes, de nuevo similares a las de Estados Unidos y Europa, para proteger la integridad de las elecciones, o por la violencia planificada en el periodo preelectoral.

Para los que vivimos en Nicaragua, las valoraciones seguras de la situación política del país que hacen los «activistas progresistas» parecen totalmente desconectadas de la experiencia vivida por la gente de aquí. Uno se pregunta si las expresiones de solidaridad de estos activistas pretenden realmente reforzar las opiniones de los demás, sin tomar en cuenta las de los nicaragüenses de a pie. Dos de las cartas afirman apoyar el «derecho del pueblo nicaragüense a la autodeterminación», pero todas las cartas y artículos lo contradicen al apropiarse del derecho a emitir su propio juicio sobre si el gobierno de Ortega es suficientemente revolucionario.

La pista aquí está en sus palabras: «El gobierno Ortega-Murillo no representa en absoluto los valores, principios y objetivos de la revolución sandinista que un día admiramos«, dicen, «…traiciona la memoria de decenas de miles de nicaragüenses que murieron por una Nicaragua democrática en la que su pueblo elija libre y justamente quién debe dirigirla» (subrayado mío). Pero, ¿supongamos que el pueblo nicaragüense, algunos entusiastamente pro-sandinistas y otros simplemente motivados por el deseo de tener calles seguras, estabilidad y volver al crecimiento económico, votan por el regreso del actual gobierno sandinista en las elecciones de noviembre, como parece muy probable que ocurra? ¿Qué dirán entonces?

Lamentablemente, la respuesta de los firmantes de estas cartas y artículos es previsible: negarán que sea un resultado válido. No importa que esto sea lo que ha hecho Washington en todas las elecciones desde 1984 que han ganado los sandinistas. No importa que casi todos los nicaragüenses tengan su cédula de identidad al día y que la gran mayoría haya acudido recientemente a sus centros de votación para validar su derecho al voto. No importa que el proceso electoral se haya modernizado aún más para garantizar que los resultados coincidan con los votos reales. No importa que, a pesar de lo que digan los medios de comunicación internacionales, participen el principal partido de la oposición de Nicaragua (el PLC, que estuvo en el poder durante una década hasta 2007 y el PLI, el partido del vicepresidente de Nicaragua entre 1990 y 1996). Y no importa que los sondeos de opinión fiables, realizados por M&R Consultores, una organización cuyos resultados anteriores han sido citados por la embajada de Estados Unidos y otros, muestren que Daniel Ortega, con un 60% de la intención de voto, está casi seguro de vencer a una oposición que sólo puede reunir un 20% de apoyo.

Supongamos por un momento que estos progresistas de izquierda se salieran con la suya, y que la oposición se uniera de alguna manera (algo que muestra pocas señales de hacerlo) en torno a una de las principales figuras de la oposición. Supongamos que esa figura – Félix Maradiaga o Juan Sebastián Chamorro, tal vez – se presentara a las elecciones y, lo que es aún más improbable, ganara. Con ello se conseguiría, sin duda, lo que preconiza Lula de Silva – que los partidos de gobierno se alternen en el poder – pero ¿qué tipo de gobierno produciría? Ninguno de estos «candidatos» ha presentado un programa de gobierno que diga algo más que la restauración de la «democracia», la liberación de los «presos políticos» y la depuración de los servicios públicos de los simpatizantes sandinistas. Ninguno ha dado ninguna indicación de si los diversos programas para sacar a la gente de la pobreza continuarían o cómo.

Sin embargo, los nicaragüenses tienen al menos tres razones para sospechar lo peor. En primer lugar, aunque el Secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, ha instado a los gobiernos de Centroamérica a «trabajar para mejorar la vida de la gente en nuestros países de manera real y concreta», las lecciones de lo que le ocurre a la gente común bajo gobiernos afines a EE.UU. son evidentes en nuestro vecino, Honduras, que se ha convertido en un «narcoestado».

Segundo, podemos juzgar a Maradiaga, Chamorro y sus similares por sus amigos – Mike Pompeo, Marco Rubio, Ted Cruz y otros de la derecha estadounidense – y por su apoyo al golpe de Estado contra Evo Morales, al autoproclamado «presidente» Guaido en Venezuela, etc.

En tercer lugar, y lo más importante, el país ya ha renunciado a sus logros revolucionarios una vez – cuando eligió gobiernos neoliberales de 1990 a 2006. Sufrió 16 años de servicios privatizados, aumento de la pobreza, cortes de luz diarios y carreteras que estaban entre las peores de la región.

La alternativa a la actual administración no es una que represente mejor «los valores, principios y objetivos de la revolución sandinista». La alternativa es un gobierno cuyo objetivo sería destruirlos. ¿Es esto lo que realmente quiere la izquierda progresista?

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