por: Fabrizio Casari

El Parlamento nicaragüense, por amplia mayoría, votó un decreto de disolución para 5 diferentes ONG nicaragüenses, acusadas de haber desempeñado un papel de apoyo organizativo y liderazgo político en el intento de golpe de estado que ha manchado a Nicaragua desde el 18 de abril hasta el pasado julio.

Los liberales y los conservadores han votado en contra y acusaron a los sandinistas de represión antidemocrática, pero en realidad las decisiones del Parlamento nicaragüense se han tomado en cumplimiento de la ley 1427 sobre la ONG probada en 1992 por el gobierno liberal y conservador de Violeta Chamorro para regular la actividad de las empresas que reciben fondos internacionales. Así que las protestas de la derecha son extrañas, ya que cuando están en el gobierno votan leyes que luego, cuando van a la oposición, no quieren aplicar.

Durante años, las ONGs disfrutaron de una considerable tolerancia por parte de las instituciones gubernamentales, sintiéndose protegidas por una ley que, sin embargo, también incluye la obligación de mantener las cuentas en transparencia, la renovación de la oficina electiva y las operaciónes directamente relacionadas con los propósitos establecidos. Todas fueron obligaciones ignoradas.

Pero, en primer lugar, el artículo 24, párrafo 7 de la Ley, prevé el retiro de la autorización para operar en los casos en que se utilizó para cometer actos ilegales, violò el orden público o realizò actividades que no corresponden a los fines para los cuales Se han establecido. Precisamente lo que ocurriò.

No había rastro visible en los estados financieros de la trazabilidad del dinero, pero en las investigaciones han aparecido recibos de miles de dólares con causas claramente atribuibles a los actos terroristas ocurridos. En cuanto a la renovabilidad de la oficina electiva, a menudo la misma persona (este es el caso, por ejemplo, del Popol Na de Monica Baltodano) estaba funcionando para todas las oficinas planificadas, lo que demuestra que estos eran accesorios muy privados y no actos publicos.

Finalmente, entre los propósitos para los cuales se establecieron y los hechos demostrados, no existe un vínculo posible, ni siquiera distante. De hecho, las hipotéticas organizaciones no gubernamentales “para la defensa de los derechos humanos”, en alianza con la Conferencia Episcopal, el Cosep y los partidos de la oposición, han trabajado sobre todo para incitar la revuelta armada contra el gobierno constituido legal y legítimamente. Posición que asigna a estas organizaciones a la esfera de las asociaciones subversivas y no a la defensa de los derechos humanos, que quizà son las víctimas predestinadas de todo conflicto.

Con nombres diferentes pero de propiedad de los habituales, las ONG nicaragüenses fueron, ante todo, la fuente de acreditación política y financiera en los Estados Unidos de una generación de políticos fracasados, que una vez furon sandinistas y luego pasaron con armas y equipaje al extrema derecha. Las fundaciones y asociaciones se denominaron de forma diversa, al principio eran la caja de familia para los Chamorro, los Baltodano, etc., pero en los últimos años se han desempenado en organizaciones activas en la contratación, capacitación y organización de grupos antigubernamentales y se han convertido en los principales recolectores de fondos de los Estados Unidos.

De hecho, como se demostró ampliamente, las ONG recibieron importantes sumas de dinero provenientes de organismos gubernamentales de terceros países y estructuras aparentemente privadas, pero atribuibles a partidos y gobiernos extranjeros, con el objetivo de crear oposición al gobierno sandinista, mejor si violenta. Por lo tanto, organizaciones no gubernamentales solo para su país, pero decididamente gubernamentales para quienes las mantienen.

Su actividad política es ilegal y sin ninguna apariencia de programas sociales. Durante el intento de golpe de Estado proporcionaron la logística, el suministro de alimentos, transporte, armas y la red de información para apoyar las operaciones terroristas que constituían la quinta esencia del intento de golpe.

Otra tarea que llevaron a cabo fue la creación de redes sociales artificiales y la difusión de noticias falsas con la tarea de generar caos, luego elaborar informes falsos sobre la represión, destinados a ser utilizados internacionalmente para ofrecer la inversión total de la verdad de los hechos y preparar el clima hostil hacia el gobierno sandinista por parte de la comunidad internacional, preparatorio para la aprobación de sanciones sucesivas.

Dos son propietarios prominentes de estas compañías: el MRS, un micro-partido altamente resentido y criminal nacido de la separación de 1994 de la Fsln; la familia Chamorro, guía histórica de la oligarquía nicaragüense que tiene en sus manos la mayor parte de la información privada del país. El primero como brazo armado y propagandístico del golpe de Estado, encargado del alistamiento delincuente; el segundo como inspirador y financiero, encargado de hacer avanzar la empresa privada hacia el golpismo, tiene una base común en sus respectivas ambiciones.

Para el MRS, que representa a las familias oligárquicas que una vez fueron sandinistas, el sueño es vengarse del Presidente Ortega y destruir al partido que no quiso seguirlos en su camino hacia la extrema derecha; para la familia Chamorro, la aspiración es recuperar el poder político y devolver, veintiocho años después, a otro miembro de la familia bajo el mando de Nicaragua.

Ahora tendrán ahora que encontrar otra forma de obtener salarios y prebendas con dinero de los Estados Unidos y algunos países europeos, teniendo desde ya que responder por parte de ciudadanos privados por los delitos cometidos y por los que lo harán, dado que la manta instrumental que utilizaron voló. sucesivamente.

Algunos analistas creen que las decisiones de la mayoría del Parlamento nicaraguense son la respuesta a la aprobación de la Nica Act en las dos ramas del Parlamento de los Estados Unidos, pero a pesar de estar claro que el clima político en la relación con los Estados Unidos se ha estrechado seriamente, no hay una relación de causa-efecto directa entre el voto de Washington y el voto de Managua.

Con la disolución de las ONG, Nicaragua solo continúa en el trabajo de identificación, juicio y sanción contra el bloque reaccionario y criminal que intentó un golpe violento que costò más de 200 muertos y 1,812 millones de dolares en daños a la economía, así como el fin del clima de paz y convivencia civil que veia Nicaragua como el país más seguro de América Latina, junto con Cuba.

Ningún país habría dejado impunes a los protagonistas y actores de horrores similares y, en todo caso, solo podemos plantearnos la hipótesis de que la identificación, el juicio y la administración de las sanciones relativas aún no están completas, ya que todavía hay personajes y estructuras que participaron activamente en el golpe de estado y que serán alcanzados tarde o temprano por la justicia.

La decisión de Trump de firmar o no la Nica Act tendrá repercusiones solo en las relaciones bilaterales. Probablemente los Estados Unidos, escolásticamente, piensan que tienen mucho que ganar y nada que perder en establecer un clima más agresivo con Managua, pero están equivocados.

Nicaragua controlada por los sandinistas desempeña un papel valioso en la región centroamericana, tanto para la estabilidad política en el triángulo del norte como para prevenir la penetración del narcotráfico en el país y el uso de sus fronteras. Además, sus políticas de inclusión hacen de Nicaragua el único país centroamericano que no contribuye a la migración irregular en los Estados Unidos.

La colaboración entre las respectivas fuerzas armadas en el patrullaje del Caribe es particularmente apreciada por el propio Pentágono, que en varias ocasiones ha reiterado admiración y respeto por el alto grado de eficiencia de las fuerzas armadas nicaragüenses.

Sin embargo, se puede imaginar que, en el caso de que Nicaragua, debido a la Nica Act, ya no pueda tener fondos internacionales para ser asignados a las obras sociales, podría verse obligada a desviar parte de su presupuesto según las necesidades sociales que, como se ha reiterado en estas horas, verán el máximo esfuerzo económico en la dirección de las inversiones públicas y la asistencia social.

Por lo tanto, existe el riesgo es que el dinero que hoy se gasta para satisfacer las necesidades de seguridad de los Estados Unidos podría convertirse en la primera víctima de las sanciones de los Estados Unidos. Quién sabe si en Washington han prestado suficiente atención a la oportunidad de entregar a los caprichos de la extrema derecha de Florida un problema serio que concierne a la misma seguridad nacional de los EE.UU., así como a la línea política hacia Centroamérica.

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